Durante el mes de febrero, en Bogotá, tuvieron lugar las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quienes presenciaron las audiencias, especialmente la referida al derecho de salud y alimentación, apreciaron el detalle con el que los representantes de la sociedad civil, convocados por la CIDH, dieron cuenta de la situación que atraviesan los ciudadanos venezolanos. Urgieron al estado venezolano a que permita la entrada de ayuda para poder responder a la crisis humanitaria que cada día cobra más vidas.

Los funcionarios venezolanos, en su defensa de lo indefendible, usaron como cortada las declaraciones de un experto de la ONU que explicaba que en Venezuela no hay una emergencia humanitaria. Acto seguido admitieron que sí existen problemas, pero que sus causas son imputables a las sanciones, que según ellos han sido impuestas a Venezuela.

En primer lugar, es necesario aclarar que las sanciones no han sido impuestas al país, sino a funcionarios gubernamentales. En segundo lugar, las causas de la emergencia humanitaria que sí está arrasando a nuestro país son imputables a las políticas que durante casi veinte años han arruinado a todos los sectores de la economía. En esta edición del boletín se recogen tres ejemplos que ilustran con claridad la forma en la que se desalienta la inversión y se convierte en un viacrucis el ejercicio de cualquier actividad económica. Los tres casos dan al traste con el discurso gubernamental de las sanciones y la guerra económica. El socialismo del siglo XXI no necesita ayuda para destruir, se basta y se sobra.

En Una amenaza que se materializó, examinaremos el decreto de expropiación con el cual se afecta al Caraballeda Golf & Yacht Club, con la excusa de construir un complejo educativo para cinco mil alumnos en un estado que ni siquiera goza de suministro de agua regular o cuyas escuelas existentes están en las peores condiciones. En El turno de los comercializadores de queso en Apure se expondrá lo ocurrido con 100 toneladas de queso duro y cómo es que, a través de prácticas ilegales, las autoridades locales quieren arrebatar un porcentaje de la producción y decidieron apresar a quienes se oponen. Finalmente, en Comercio en Venezuela: resistir para no cerrar, a través de una entrevista con una comerciante se sintetizan, de acuerdo a su opinión, los 8 obstáculos que tiene que vencer un comerciante en este país.

Este artículo fue publicado en Pais de Propietarios, más información: http://bit.ly/TuPropiedadB45

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