¿Qué es la Federación y cómo afecta eso tu bolsillo? ¿Qué es eso que conocemos como “descentralización” y, en ello, en qué interviene la Federación?

La descentralización es algo que debió haberse cumplido, en términos prácticos, de manera espontánea tras la llegada de la federación, en 1863. Pero tal aspiración, casi 200 años después, no ha logrado materializarse y parece ni siquiera vislumbrarse en el horizonte. Esto se debe a que el “estado federal” puede declararse de jure (es decir, estar en la ley) pero no cumplirse de facto (no ser así en los hechos), cosa que ocurre no por el incumplimiento de las leyes, sino por el desarrollo económico y su relación con esas leyes. Ahí está la clave para entender por qué no ha funcionado.

Desde hace años, pero con especial consonancia en la última década, viene hablándose de que nuestro país debería “descentralizarse”. Muchos de los proyectos hechos, tanto dentro como fuera del gobierno, han estado dirigidos a cumplir, como menos en un nivel retórico, este propósito. Cosas que quizás para muchos no tengan que ver, de buenas a primeras, se han hecho con la intención de no controvertir este discurso. El ejemplo más claro de ello ha sido el ferrocarril Caracas-Ocumare, que forma parte del Plan Ferroviario Nacional, originario del gobierno de Rafael Caldera (1995), pero que continúa estancado. Tal ferrocarril tenía el propósito, según las propias declaraciones del gobierno, favorecer la movilidad social de un sitio a otro y, con esto, contribuir a la descentralización.

Sin embargo, no sólo no se logró este objetivo, sino que ocurrió todo lo contrario: en vez de los pobladores de Caracas dirigirse a otras áreas a trabajar, o a producir, son las zonas periféricas las que, cada vez con mayor ahínco, acaban dirigiéndose a la capital para poder conseguir el esperado trabajo.

Durante la década de los 90, el avatar más claro de este propósito eran los llamados “gobiernos parroquiales”, que tenían autoridades con cierto nivel de autonomía municipal y podían gestionar directamente los recursos, de manera colectiva. A pesar de una experiencia relativamente exitosa, fue derogada en 1996 y, con la constituyente de 1999, tales gobiernos fueron barridos del mapa y no volvió a hablarse de ellos. Su realidad más reciente ha venido en la forma de “Consejos Comunales”, cuyas especificidades, desde su propia formación, son mucho más indeterminadas que las de los gobiernos parroquiales, que atañían a las parroquias, en tanto los llamados “consejos comunales” necesitan de una sectorización bastante más ambigua.

Ahora bien: ¿cómo puede, mediante la federación, contribuir al desarrollo nacional?

 

Una mirada a la historia

¿Cuáles fueron los objetivos de la Federación, cuando apareció?

La federación resultó del triunfo del bando federalista de la guerra que sucedió en nuestro país de 1859 a 1863, donde el bando federal triunfa tras abatir a la oligarquía conservadora de Páez.

En la práctica, lo que la federación propugnaba era sincerar algo que ya existía, que era el caudillismo regional. Habiendo tantas disputas internas en el territorio nacional, era razonable que hubiese, también, una distribución “equitativa” del control territorial entre ellos, siendo que los conservadores acaparaban casi la totalidad del espectro geográfico. A ello debe agregársele la molestia colectiva, la impotencia y la mala administración de los recursos que tenía el gobierno, primero de Páez, después de Julián Castro.

La ineficiencia y los abusos de poder eran tan frecuentes que no fue sino hasta 1854, pocos años antes del estallido de la rebelión, que Venezuela por fin había abolido la esclavitud, la cual para muchos exesclavos había significado, realmente, sólo un cambio de contrato, no una auténtica libertad civil.

Ante este escenario de enajenación total, varios caudillos regionales se alzaron en armas, exitosamente, bajo la bandera de la justicia social y la federación. Venezuela, tras el triunfo federal, pasó a llamarse Estados Unidos de Venezuela, empezó a reconocerse la existencia de estados encabezados por presidentes, entre otras muchas cosas. Este proyecto, en términos administrativos, siguió teniendo el inconveniente de no incluir, por ejemplo, el apartado electoral; no sería sino hasta 1989, más de 100 años después, que los venezolanos votarían por primera vez a sus gobernadores.

El avatar de la llamada “Guerra Federal” vale la pena contrastarlo con el de la Guerra de Secesión estadounidense. A diferencia de la estadounidense, en donde fueron los motivos federales los que incentivaron la guerra, en Venezuela fue al revés, marcando así una realidad que singulariza bastante nuestra situación. En tanto en Estados Unidos existían sectores industriales, que necesitaban ilegalizar la esclavitud por cuanto esta ya no era lucrativa, en Venezuela la abolición de la misma se hizo partiendo de criterios más bien morales, sin ningún tipo de acervo económico detrás.

No hubo, por otro lado, incentivo a revertir esta realidad. Con pequeñas excepciones durante el perezjimenismo o el gobierno de Rómulo Betancourt, en Venezuela nunca hubo una política específica que diera motivos para industrializar, a la vez que se contribuía a la descentralización, lo que ha tenido por consecuencia, como sabemos, que las inversiones (cuando las hay) se reduzcan a los estados centrales de Venezuela, o se limiten a sectores específicos en otras áreas del país.

Esto tiene, a nivel general, muchas implicaciones y consecuencias.

La crisis institucional y de impuestos

Cuando se habla de la existencia de “estados”, aún cuando estos estén bajo la condición de provincias, también está hablándose, quizás de manera más indirecta, de instituciones. De hecho, son las instituciones las que componen la constelación de elementos que prefiguran un “estado”. Desde la casa del gobernador hasta el concejo legislativo correspondiente a cada entidad, todo ello forma parte del apartado institucional de un estado.

Y es aquí donde está uno de los talones de Aquiles del sistema, tal y como está concebido, de gobernaciones. Venezuela tiene una constitución que establece al gobierno como federal pero que, después, establece toda una variedad de algoritmos que dificultan, molestan, intervienen y sojuzgan la posibilidad de constituir, aunque sea a efectos administrativos, una institucionalidad en las gobernaciones.

De hecho, la constitución venezolana es tan extensa y tan clara en todos los ámbitos, que prácticamente no queda ningún elemento vacío sobre el que, dentro de las gobernaciones, los representantes de estas instancias tengan capacidad de maniobrar. A diferencia de lo que sucede en los mismos Estados Unidos, pero también en países como México o Argentina, en Venezuela tenemos una constitución federalista, pero profundamente centralista.

En México, por ejemplo, un gobernador tiene la posibilidad de desarrollar, si así lo quiere, una constitución estatal que intervenga sectores específicos, dando como resultado que determinados territorios cuentan con mejor constancia estatal que otros. Estas constituciones regionales deben estar sujetas, naturalmente, a lo reglamentado en la constitución nacional, que es menos intrusiva que la venezolana. Es por ello que México, siendo un país en líneas generales tercermundista, tiene territorios que, bien administrados, han logrado consolidar estados de progreso parecidos al de varios países europeos.

Esto no significa, desde luego, que el federalismo o el cumplimiento del federalismo sea, en sí mismo, garante del desarrollo. Pero un federalismo ofrece mayores posibilidades, especialmente si está acompañado de un proceso de descentralización bien pensado, de contribuir al avance de muchísimas políticas y mejorar notablemente la gestión.

A las instancias de gobernación les corresponde, de hecho, la recolección y el establecimiento de políticas de impuestos, especialmente las referidas al peaje, del que ya hemos hablado en ocasiones anteriores. Con unas gobernaciones ocupadas de la interpretación de este tipo de impuestos, las gobernaciones pudieran llegar a tener un grado importante de autonomía, alejándose cada vez más de la necesidad de solicitar a Caracas los recursos. Asimismo, tal y como lo explicamos en “¿Cómo afectará el 15-O a la economía venezolana?”, los gobernadores pueden llegar a ser garantes de paz, en una medida muy importante, de los sectores industriales de un país; pueden motorizar, invertir y apoyar el avance de proyectos de todo tipo, toda vez que estén destinados al progreso económico.

Un gran inconveniente, en este cuadrante, siempre ha sido esperar que la administración central intervenga en todo. La morosidad burocrática aunada al hecho de que el estado, sólo en casos muy específicos, puede realmente aportar frontalmente algo a la empresa privada, han tenido por consecuencia que esto no sea entendido en su justa dimensión. Y es así como ideas bastante provechosas, como Puerto Ordaz (una de las 2 ciudades planificadas del país), acaban eclipsadas por la construcción de arquitecturas económicas que, realmente, son inservibles para sus habitantes. El ejemplo de ello, en el caso de Puerto Ordaz, ha sido Sidor, la empresa nacional de producción de tuberías y repuestos, pues las condiciones operativas han acabado generándole más pérdidas que beneficios a esa empresa.

Sin embargo, una política estatal realmente pensada, que tenga la institución como elemento de sanción más importante, puede dar buenos resultados.

Aspiraciones venezolanas

Hasta ahora podemos elucidar dos conclusiones: Primero, Venezuela viene desde hace más de 20 años insistiendo en el mal aplicado proyecto de descentralizar. Segundo, la descentralización, bien aplicada, puede tener resultados bastante positivos, especialmente si va acompañada de industrialización y mejoramiento empresarial.

Otra de los siempre mentados deseos de desarrollo nacional es, y ha sido siempre, la industrialización. De hecho, quizás erróneamente, esto siempre ha estado mal vinculado a un proceso de instalación de equipajes físicos mecánicos, de naturaleza fordista, pero nunca a la creación de núcleos internos dedicados a la extracción de las materias primas, el refinamiento de las mismas y, finalmente, la construcción de un sector terciario importante.

En su propuesta, “Rescate del Federalismo para mejorar la calidad de vida de los habitantes de los Estados y Municipios”, Carlos Mascareño ofrece diversas lecciones relacionadas a mejorar las condiciones federales de la mano con políticas públicas. Pensar que sólo el ámbito institucional es el que debe atribuir, y retribuir, los bienes resultantes de un estado federal descentralizado, es un error. Antes al contrario, se debe dar una mutua relación entre los sectores económicos, institucionales y sociales para que esto pueda materializarse óptimamente.

Pero llegados a este caso, lo más importante salta a la vista:

¿Cómo puede suceder? ¿Cómo se puede federalizar y descentralizar óptimamente?

En su propuesta, Mascareño da algunas de las claves más importantes en este sentido. Siguiendo su patrón de ideas, lo más importante es establecer comunión entre la economía y la administración, y para ello es significativo que la última no está para configurar a la primera, sino para generarle estímulos que puedan establecer un puente, un canal adecuado para su correcto cauce. Si desde las instancias de gobernación se siguen estas ideas, una vez haya cambiado la administración central y exista un modelo de libre mercado que permita tal cosa, lo más probable es que el sistema de gestión dará resultados muy positivos. Lo más pertinente, siempre, será concretar políticas que puedan favorecer los intereses colectivos.

Para poder materializar esto se hace necesaria una reforma constitucional que elimine, o arregle, los vicios que constriñen a las gobernaciones y evitan que las mismas puedan tener mayor autonomía. Se necesita una carta magna que, así como admite la existencia de la federación en términos jurídicos, lo hagan también en términos prácticos. Es oportuno incluir aquí la aplicación del modelo bicameral, la distribución más descentralizada de las competencias públicas, entre otra enorme variedad de realidades que deben pensarse bien, globalmente, para encaminar el pensamiento federal de nuestro país a su verdadera emancipación.

Las palabras “independencia y federación” deben dejar de estar de adorno en el escudo nacional; debe dársele auténtico contenido, auténtica fisionomía, y para ello es necesario romper con las antiguas estructuras, muchas de las cuales llevan casi 200 años estorbando el desarrollo nacional.

Admitir una carta magna no intrusiva, que permita que las gobernaciones auténticamente tengan autogestión, que declive las malas políticas de gestión mercantil, entre muchas otras, forma parte ineluctable de lo que podría potencialmente ser Venezuela en próximos años.

Fuente: por Fernando Villamizar, para: La Voz del consumidor

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