Los comerciantes de Maturín cumplieron su palabra y mantuvieron sus santamarías abajo este lunes 4 de diciembre, decisión que tomaron desde el sábado 2 por las recientes fiscalizaciones de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) que obligaron a tiendas de ropa y calzado a bajar en 50% los precios de su mercancía.

Chadi Nasser, presidente del Club Árabe y dueño de uno de los establecimientos, dijo a Efecto Cocuyo que 300 comercios de ropa, calzado, textiles, electrodomésticos, electrónicos e incluso los que están en los dos centros comerciales más grandes de la ciudad, no laboraron este lunes, lo que representó el 95% de las tiendas de la capital monaguense.

“Nosotros no nos oponemos a las fiscalizaciones de la Sundde, siempre que estén bajo el marco de la Ley de Precios Justos. Pero eso no se cumplió el sábado, cuando llegaron a lo bravo a obligarnos a rebajar la mercancía sin revisar la facturación“, mencionó Nasser.

La medida sirvió para forzar una reunión de los comerciantes afectados  este martes 5 de diciembre con la gobernadora del estado Monagas, Yelitza Santaella; el jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) en la entidad, G/D (EJB) Ovidio Delgado Ramírez; el jefe de la Sundde en la región; además de los representantes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat)a quienes expondrán sus reclamos.

Desde el sábado los comerciantes bajaron sus santamarías. Primero acordaron hacerlo en el casco central, donde los negocios lucieron repletos de personas para comprar por lasrebajas. En la noche, después de una asamblea, se sumaron los establecimientos de centros comerciales.

Sobre la medida, el vicepresidente de Fedecámaras-MonagasÁngel Rodríguez, detalló que aunque desde el Gobierno los ven como unos enemigos, el comercio en la capital monaguense aporta el 80% del presupuesto municipal con el pago de impuestos, lo mismo que el resto de las empresas al estar al día con otros tributos como el Impuesto Sobre la Renta (Islr).

Para el representante empresarial, la paralización fue “una acción en legítima defensa de sus intereses y patrimonio ante el atropello de la Superintendencia, que quiere bajar los precios sin tomar en consideración que esto produce pérdidas incalculables en los negocios”.

“No somos enemigos, pero eso no lo entienden los funcionarios del Estado, que constantemente nos persiguen“, añadió Rodríguez. Y les subrayó a quienes están al frente de la conducción del Gobierno que ningún empresario trabaja para perder. “No pueden llegar a bajar precios a diestra y siniestra, sin tomar en cuenta la estructura de costos“.

Fuente: efectococuyo.com

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