En el último año, y durante varias ocasiones, el gobierno ha anunciado, cada vez con mayor cantidad de vítores y artificios vocales, la implementación del llamado “sistema de precios justos”, consistente en la cuantificación del valor de un producto, al que los comerciantes deberán atenerse. El mismísimo presidente de la república llegó a decir, en cadena nacional, que uno de los riesgos que el pueblo tuvo gracias a la Asamblea Nacional era, precisamente, que una de las ambiciones de dicha Asamblea era la eliminación de leyes como esa.

Además de ser claro, gracias a esta afirmación, que el presidente no sólo no va de compras, sino que ninguno de sus cercanos tampoco lo hace, pues de ser así sabría que dicha Ley jamás ha funcionado, también queda en evidencia un desentendimiento absoluto de cómo opera el mercado en general, y el mercado venezolano en particular. Si esta realidad se atendiese con claridad, se sabría que la estabilización de dicho mercado no responde, ni responderá nunca, a la concreción de leyes así.

La “ley de precios justos” forma parte de todo un espectro socioeconómico fomentado por el gobierno para, en vez de atender los problemas reales de Venezuela, maquillar los fenómenos económicos presionando a los ámbitos socioproductivos que aún quedan en el país. Así, en vez de estimular la creación de nuevas industrias, la recuperación de las pérdidas y, en definitiva, recrear la producción nacional, se apela a una “ley” con la que, supuestamente, los precios deberán estandarizarse. Los precios en ningún lugar del mundo se estandarizan, y es allí donde está el principal problema de las leyes que intentan hacerlo; de hecho, la “estandarización” de un precio sólo consigue burocratizar más los procesos comerciales y teniendo en consideración que la burocracia es uno de los incentivadores del incremento de los precios, este tipo de pretensiones acaban ocasionando todo lo contrario de lo deseado.

Ahora, entendiendo esto, queda preguntarse ¿Cómo funcionan los precios? Y, en este caso, la respuesta es tan simple como una “ley” del mercado por todos conocida, que es la oferta vs demanda. Un producto no reduce su precio porque una ley así lo establezca, sino porque un productor puede ofertarlo a un precio menor al de su competidor, generando una sana estabilidad económica en la que pueden suceder dos fenómenos. El primero, que el productor “en competencia” se vea obligado a abaratar más su producto, o bien a sofisticarlo más para poder ofertarlo a un precio mayor, o que el producto establezca su “target” apuntando a un determinado estrato social y su producto se convierta en “caché”.

Esta realidad, por no ser la vivida en Venezuela, carece de referencias en nuestro país, pero podemos atender a un ejemplo ofrecido por un país muy cercano: Colombia. En este país existen súper mercados que ofertan productos a distintos precios, los cuales se dirigen a un “target” de la sociedad. Hay mercados más baratos y mercados más caros, cada uno dirigido al sector de la sociedad al que han apuntado. Es así como en Bogotá, o en Cúcuta, es tan probable hacer un mercado de un mes con 318.000 pesos (un 30% del salario mínimo, que es de 800.000) como con 1 millón de pesos, dependiendo de a qué “target” pertenezcas.

Esto se llama competitividad y forma parte de un desarrollo económico sensato. Los precios no bajan porque una ley lo establezca, ya que son tan volátiles como un montón de variaciones, como el precio del dólar, de los materiales que se importan, los salarios mínimos o incluso el transporte o flete de los materiales con las que un producto se hace. Esto no es algo malo en sí mismo; es malo sólo cuando hay monopolios o intervención estatal en el desarrollo económico de un país.

Y el gran problema en Venezuela es que, como ya habrá advertido el lector, aquí se tienen las dos. Grandes monopolios recortan posibilidades de emprendimiento, a la vez que la burocratización e intervención estatal golpean la iniciativa y los deseos de competir y producir.

Fuente: por Fernando Villamizar, para: La Voz del consumidor

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